En principio, es pertinente aclarar que el Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia, mediante la aplicación e interpretación de las leyes en la resolución de conflictos, por lo que estas reformas pretenden, en esencia, que esta función básica para cualquier sociedad armónica sea más cercana, eficiente y transparente.
La parte fundamental de la reforma es la democratización de este poder público mediante el voto popular. El Judicial, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, serán conducidos por personas electas por sufragio universal, libre, secreto y directo.

La primera elección se realizará el próximo 1 de junio del 2025, cuando se elegirá la totalidad de las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistraturas, mientras que la elección de personas juzgadoras solo será para vacancias, retiros programados por jubilación, prejubilaciones o renuncias voluntarias, pero la renovación de la totalidad de cargos deberá concluir en la elección ordinaria del 2027, cuando se votará, de manera coincidente, por presidencias municipales, así como diputaciones locales y federales. Ambos comicios serán organizados por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Sin embargo, este proceso tendrá sus propias características. A diferencia de las personas candidatas a cargos de elección popular que son postuladas por los partidos políticos, quienes aspiren a integrar el Poder Judicial serán presentadas por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) mediante su respectivo comité de evaluación, cuya función será identificar a los mejores perfiles, una vez agotada la fase de participación pública, abierta, transparente, inclusiva y accesible de aspirantes que cumplan los requisitos. En la mitad de las magistraturas a elegir se incluyen 28 vacantes, de las cuales 21 obedecen a renuncias voluntarias, una por retiro programado y seis por nueva creación. Cinco magistraturas adicionales corresponden al Tribunal de Disciplina Judicial. En cuanto a la elección de personas juzgadoras, son 55 los espacios que estarán en disputa debido a que quienes cumplían esta función no concluyeron los procesos de ratificación o los respectivos concursos de oposición, o bien se jubilaron. A estos cargos se suma la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para sumar un total de 89 puestos en disputa.