La maternidad es un derecho que debe ejercerse con libertad y responsabilidad, por lo que el Congreso mexiquense ha aprobado reformas y analiza distintas iniciativas para ampliar la protección de esta experiencia que va más allá del vínculo legal y biológico entre una madre y su hija o hijo, pues se trata de un soporte fundamental para el desarrollo social en virtud de su relación con la crianza y los vínculos afectivos.

Para impedir que la maternidad agudice la brecha de género, por ejemplo, la legislación mexiquense promueve las mismas oportunidades en el trabajo, por lo que está prohibido un trato desfavorable a mujeres por estar embarazadas o ser mamás. Si se condiciona el acceso al empleo, incluso hay sanciones penales.

En este mismo sentido, las instituciones públicas no pueden rescindir la relación laboral de una servidora pública por el hecho de encontrarse embarazada, en licencia de maternidad o durante su periodo de lactancia, o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie, pues el objetivo es equilibrar la vida laboral y familiar.

La lactancia es otro derecho de las mamás y de los bebés (protegido desde la Constitución), por lo que impedirlo también es sancionable, además de que se actualizaron los supuestos de discriminación para incluir cualquier condicionamiento, insulto o intimidación a una mujer que alimente a una o un lactante en un espacio público.

Otro avance reciente en igualdad permite que en el registro a una hija o hijo el apellido materno pueda ir primero y los servidores públicos varones ya tienen licencia de paternidad, con goce de sueldo íntegro, de 45 días naturales, para que participen en las tareas de cuidado.

Ser mamá no es impedimento para que alguien siga estudiando, por lo que ninguna institución educativa puede negar el ingreso o permanencia por estar embarazada o ser madre lactante.

Un tema que tiende a visibilizarse y, en consecuencia, a atenderse desde el ámbito legal es el combate a la violencia vicaria, conducta que fue reconocida en 2022 como parte de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se define como el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental.

La interrupción del embarazo, en caso de practicarse sin el consentimiento de la persona gestante, también es un delito cuya pena es de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa, pero si en su comisión se emplea violencia física, psicológica, obstétrica o negligencia en los cuidados ginecobstétricos, la pena prevista podría llegar hasta los 15 años de prisión.

En cuanto al personal médico, de enfermería o partería, que realice el procedimiento después de las 12 semanas de gestación, además de las sanciones antes mencionadas, será suspendido de tres a seis años en el ejercicio de su profesión y podrían ser hasta 20 años en caso de reincidencia.

En cuanto a las mamás privadas de su libertad, en el Paquete Fiscal 2025 se contemplaron 5 millones de pesos para el "Cuidado de niñas y niños que viven con sus madres en los Centros de Reinserción Social del Estado de México”, para otorgar apoyo que consistirá en canasta alimentaria y vestido para las y los menores, así como 400 mil pesos para el acondicionamiento de espacios acordes a las necesidades de las mujeres embarazadas, en cada uno de estos centros.

Propuestas de la LXII Legislatura en análisis

La protección a la maternidad ha sido parte de la agenda de la LXII Legislatura desde su arranque en septiembre del 2024. Para seguir actualizando la normatividad respecto a estas realidades sociales, por ejemplo, se analizan iniciativas de las bancadas de morena, PVEM, PAN y PRD para tipificar la violencia vicaria (acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima), así como establecer multas y que sea motivo para la pérdida de la patria potestad.

El Grupo Parlamentario de Morena propuso sancionar a quienes la perpetren con hasta 10 años y medio de prisión, y hasta 900 días de multa, considerando agravantes como que la víctima indirecta sea una persona menor de edad, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Diputadas del PVEM plantearon incluir estas conductas entre los tipos de violencia familiar que sanciona actualmente el Código Penal con hasta siete años de prisión y hasta 600 días multa, así como tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo; incluir la violencia vicaria como causal para acabarse y suspenderse la patria potestad y para que sea contemplada entre los tipos de violencia que son cometidos en el ámbito familiar y que requieren protección, con lo que la víctima podría interponer demanda de estos hechos ante la jueza o juez de primera instancia.

También se estudia la iniciativa de las bancadas del PAN y del PRD para establecer penas de cuatro a ocho años a quien cometa el delito de violencia vicaria, pero podrían ser hasta 10.5 años si se incurre en daño físico a las hijas o hijos de la víctima, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia, o mascotas con las que la mujer tenga una relación afectiva.

El Grupo Parlamentario del PAN propuso crear la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna, así como garantizar ayuda monetaria para continuar sus estudios y recibir atención médica, a niñas y adolescentes gestantes; imponer cinco años de cárcel al padre que no participe en gastos del embarazo y admitir el procedimiento sumario de pensión alimenticia, en caso de enfermedad de hijas e hijos.